Durante mucho tiempo, la crisis climática se ha debatido principalmente en términos de ciencia, ecología y economía. Sin embargo, la realidad de sus impactos ha puesto de manifiesto que es, en su esencia, una profunda cuestión de justicia social. El calentamiento global, provocado desproporcionadamente por las naciones y corporaciones más ricas, castiga con mayor severidad a las comunidades y países que menos han contribuido al problema: los pobres, las minorías étnicas, los pueblos indígenas y las naciones en desarrollo. Esta disparidad define el concepto de Justicia Climática.
La injusticia comienza con las causas históricas. La Revolución Industrial y el consumo masivo que impulsó el desarrollo del «Norte Global» se basaron en la quema intensiva de combustibles fósiles, que saturaron la atmósfera de gases de efecto invernadero. Hoy, países como Honduras, por ejemplo, que son de baja emisión, sufren las consecuencias de fenómenos meteorológicos extremos (sequías, inundaciones, huracanes) que son más frecuentes y violentos debido al cambio climático inducido por otros. Las comunidades que viven al día, cuya subsistencia depende de la agricultura o la pesca, pierden sus medios de vida con la primera sequía o el primer tifón, empujándolos a la migración climática forzada.
En términos de impacto, los grupos más vulnerables son los que pagan el precio más alto. Las personas de bajos ingresos a menudo viven en zonas de mayor riesgo (costas inundables, laderas inestables) y carecen de los recursos financieros o las redes de seguridad social para recuperarse de un desastre. La contaminación del aire, la escasez de agua y los golpes de calor afectan de manera desproporcionada a las personas sin acceso a aire acondicionado, a dietas nutritivas o a un sistema de salud funcional. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social; como señaló el Papa Francisco, vivimos una única y compleja crisis socio-ambiental.
Exigimos una respuesta
La Justicia Climática exige que la respuesta al problema también sea equitativa. Esto significa que los países ricos, que son los principales emisores históricos, tienen la obligación moral y económica de:
- Reducir sus emisiones de manera drástica y rápida para mantener el calentamiento por debajo de 1.5°C.
- Proporcionar financiación (Adaptación y Mitigación) a los países en desarrollo para que puedan implementar energías limpias y construir resiliencia frente a los inevitables impactos.
- Establecer un fondo de Pérdidas y Daños para compensar a las naciones más afectadas por los desastres que ya no pueden prevenir.
La lucha contra el cambio climático no es solo una batalla por salvar los ecosistemas, sino por proteger los derechos humanos y garantizar un futuro digno para todos. Al reconocer la dimensión social de esta crisis, pasamos de una discusión puramente ecológica a un llamado ético para la acción global. Un futuro sostenible es, por definición, un futuro justo.