La desigualdad económica no es un fenómeno nuevo, pero su crecimiento exponencial en las últimas décadas se ha convertido en una de las mayores amenazas para la estabilidad social y la democracia global. Este abismo, cada vez más profundo, entre el 1% más rico y el resto de la población mundial no solo se mide en cifras monetarias, sino que se traduce en una disparidad de oportunidades, acceso a servicios y, en última instancia, en la negación de los derechos humanos fundamentales para miles de millones de personas.
Los datos son contundentes y, a menudo, chocantes. Informes de organizaciones como Oxfam Intermón señalan consistentemente que una minoría ínfima de la población mundial concentra una riqueza equivalente a la mitad más pobre del planeta. Esta concentración de capital no es un mero resultado del «libre mercado», sino la consecuencia directa de sistemas fiscales regresivos, desregulación financiera, la evasión de impuestos por parte de corporaciones y la captura de políticas públicas por intereses de élite.
Las ramificaciones de esta disparidad son amplias y devastadoras. En primer lugar, la desigualdad socava la justicia social. Millones de personas en países en desarrollo, y también en las naciones ricas, se ven privadas de acceso a educación de calidad, atención médica digna y vivienda adecuada. Esto perpetúa un círculo vicioso: la falta de recursos y oportunidades en una generación se hereda y se amplifica en la siguiente, independientemente del talento o el esfuerzo individual. El «sueño americano» o cualquier promesa de movilidad social se desvanece cuando el punto de partida lo determina todo.
La desigualdad
En segundo lugar, la desigualdad económica tiene un efecto corrosivo sobre la democracia. La concentración de riqueza se traduce inevitablemente en la concentración de poder político. Las élites pueden influir en las leyes, la regulación y las decisiones gubernamentales a su favor, creando un sistema que favorece aún más la acumulación en la cima, a expensas de la mayoría. Esto genera una profunda desconfianza en las instituciones, alimenta el populismo y el extremismo, y debilita la cohesión social necesaria para enfrentar desafíos comunes, como la crisis climática o las pandemias.
Finalmente, esta brecha actúa como un freno para el desarrollo sostenible. Un mundo donde vastas poblaciones viven en la pobreza o la precariedad es un mundo inestable. Es imposible alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, como el fin de la pobreza o la reducción del hambre, si el modelo económico actual sigue premiando desproporcionadamente a los que ya tienen. La desigualdad, por lo tanto, no es solo un problema moral, sino una disfunción estructural que amenaza la prosperidad y la paz global.
Reducir la desigualdad requiere una acción concertada. Es fundamental implementar reformas fiscales justas que graven la riqueza y las ganancias de capital de manera progresiva. Se deben fortalecer los sistemas de protección social, garantizando un piso de seguridad para todos. Y, crucialmente, se debe invertir masivamente en educación pública de calidad y atención médica universal, asegurando que el éxito de una persona dependa de su mérito y no de la billetera de sus padres. Combatir la desigualdad económica es la batalla central del siglo XXI para construir una sociedad más justa, equitativa y sostenible